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14 enero, 2013

Apoyo a primera iniciativa popular, que promovía la aprobación de una nueva Ley de Vida Silvestre

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la ULaSalle-CEDE, apoyó la iniciativa popular liderada por el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la ULaSalle, Arturo Carballo y la APREFLOFAS. Este mecanismo se ha activado por primera vez en Costa Rica, gracias a que más de 177 mil ciudadanos presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para  reformar la ley de Vida Silvestre (Ley 7317) misma que se encuentra vigente desde 1992.

 Este proyecto de ley fue trabajado de manera conjunta con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil como APREFLOFAS, Mesa Campesina y Marviva e instituciones del estado como el MINAET, SINAC, CONAGEBIO, así como personas especializadas en la materia como biólogos, abogados, y ex cazadores.

 Entre las principales reformas a la ley se encuentran: la eliminación de la cacería como deporte, la modificación de la definición de vida silvestre con el objetivo de que abarque todos los organismos que se ubican en territorios marítimo y terrestre, la generación de más recursos económicos para el SINAC, la inclusión de ecosistemas como unidades de conservación, inclusión del concepto de evaluación económica del daño ambiental, tipificación de otros delitos contra la vida silvestre, y se prohíbe por ejemplo el uso de animales silvestres como mascotas, homologación de conceptos con otras leyes ambientales y establecimiento de controles y monitoreo sobre la población silvestre del país.

 La aprobación de esta ley también apoyaría la industria turística nacional, pues según datos del Estado de la Nación (2011) la industria turística nacional relacionada con las áreas silvestres protegidas y su biodiversidad genera unos 2.000 millones de dólares en divisas y contribuye con un 7% del PIB, y cerca de un 13% de los empleos directos e indirectos. Los parques nacionales y las reservas biológicas producen un estimado de 2.085 dólares por hectárea por año en contribuciones socioeconómicas, lo que representa un 5% del PIB.

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